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Ministerio del Interior pide que tobilleras “se adjudiquen bien, en tiempo y forma”.

El subsecretario de Interior, Pablo Abdala cuestionó como está funcionando el sistema.



La solicitud de que a procesados se les coloque tobilleras, las cuales deben ser controladas por el Ministerio del Interior, preocupa a la cartera de Estado. En la pasada jornada el subsecretario del MI, Pablo Abdala dijo a la prensa que preocupa lo que calificó de un crecimiento exponencial que ha tenido el uso de las tobilleras, en los últimos meses. Acotó que “en el último cuatrimestre el crecimiento fue de 400 adjudicaciones”. 


Abdala dijo que “estas cifras esconden un gerenciamiento de las tobilleras que no es eficiente”. Las tobilleras son asignadas en casos de violencia de género, pero el subsecretario del Interior sostiene que algunas de estas asignaciones tinene una “justificación dudosa” y puso como ejemplo casos en que la tobillera hace más de dos años que la tiene el acusado y otros inclusive en que la persona que la tenía se fue del país.


Debido a esta situación se cursó desde el Ministerio del Interior una nota a la Suprema Corte de Justicia, para que se realice un uso más eficiente de las tobilleras. Abdala dijo que por haber tantas personas con tobillera, en algunos casos por un tiempo muy extendido, “creemos que no estamos respondiendo bien a los casos de violencia de género. Si las usamos bien son más víctimas las beneficiarias de este servicio”. Aclaró que no se solicita a la Justicia que se ordene que no se utilizen más tobilleras pero si pidó que se haga de manera más eficiente. 


Explicó que “como son mal utilizadas, hay víctimas que las requieren y no la tienen. Esto hace que se asignen funcionarios policiales a la protección directa de la víctima, a razón de seis policías por caso, dos por turno”. Esto lleva a que esos funcionariso no se puedan destinar para tareas de patrullaje.


El año pasado se pasó de 1.200 a 1.900 tobilleras. Abdala sostiene que “el tema no es presupuestal, porque tratándose de un sistema tan beneficioso, sin embargo, están quedando afuera situaciones que requieren mucho más una tobillera cuando siguen asignadas a casos que ya no lo requieren. No hay seguimiento (desde la Justicia) para saber si se debe liberar una tobillera para otro caso que lo requiere”.


En este sentido reveló que hay más de 50 casos con personas que hace más de dos años llevan la tobillera cuando los protocolos establecen un plazo máximo de seis meses. Este plazo es ya que si a los seis meses la situación de violencia persiste, hay que tomar otras medidas. También dijo que hay casos que son poco menos que insólitos. Por ejemplo uan una misma persona tenía dos tobilleras, una como ofensor y otra como denunciante. también otros dónde el denucniado como agresor se fue del país, pero la víctima sigue viviendo en Uruguay con una tobillera.


A veces se colocado a denunciado y denunciante una tobillera para saber dónde están ambos, ya que deben mantener una cierta distancia. 

Para Abdala “tenemos que mejorar la articulación entre los poderes del Estado. No se trata de echar culpas. Que los dispositivos se adjudiquen bien, en tiempo y forma”. 


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