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Rosalba Hunter: “Antes había una empresa dispuesta a negociar y hoy hay una empresa dispuesta a imponer”

APMU y Médica Uruguaya se encuentran nuevamente en tripartitas ante nuevos incumplimientos de convenios.



La Asociación del Personal de Médica Uruguaya (APMU) comienza el año sumando una nueva denuncia ante la patronal del centro de salud, que según nos expresó su presidenta e integrante del Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) por la Lista 2, Rosalba Hunter, “viene en un cambio en su política de relacionamiento con los trabajadores”. Recordemos que anteriormente denunciaron incumplimientos del convenio colectivo y en esta ocasión se le suma un cambio en la reglamentación de la licencia por estudio.


Por un convenio entre las dos partes consagrado en el artículo 37 del reglamento interno, que data desde el año 1999, los trabajadores no médicos tienen 15 días de licencia anuales por estudio y hoy, “Médica Uruguaya no está negando la licencia por estudio, lo que está haciendo es reglamentar esa licencia, impidiendo, por ejemplo, tomar más de tres días incluyendo el día del exámen” bajo la excusa de que “hay abusos y problemas de cobertura”, informó lamentando la decisión “insólita” que afecta a muchos trabajadores que se encuentran estudiando tanto para poder finalizar el liceo como una carrera, “solo porque hay dos o tres que dicen estudiar y no lo hacen, cuando se podría controlar y cortarle el beneficio a esos pocos y no a todos”.


En cuanto a los problemas de cobertura explica que “hay algunos picos del año en atención, por ejemplo diciembre, abril y julio donde justo también son los exámenes” pero no lo consideran motivo suficiente para “limitar a un trabajador cuando eso redunda directamente en la capacitación de tus recursos humanos”.


“La licencia por estudio es importante porque estamos en un mundo donde se dice que la capacitación permanente y el conocimiento lo es, ya que agrega valor a los servicios y productos y en ese camino hablamos del Uruguay del futuro pero resulta que se limita la posibilidad de estudiar” expresó añadiendo que además “eso nos parece grave porque atenta directamente al desarrollo humano”.


Otro hecho que se suma, es el de un funcionario del lavadero que fue despedido dos días después de haber tenido una discusión con su jefe, “sin sumario administrativo, sin derecho a defensa, sin que él pudiera presentar los descargos” y aclaró que no se anuncian “sobre si está bien o mal despedido, sino sobre que no se respetó el debido proceso y la forma son las garantías que tenemos los trabajadores”.


“Hace un año estábamos en la calle y salimos a la prensa por incumplimiento de dos convenios colectivos” recordó refiriéndose a las titularizaciones, donde habían aproximadamente 200 trabajadores sin titularizar que “después de que fueron usados durante la pandemia, los descartaron como un trapo” pero que gracias a la “intensa lucha” llegaron a obtener la titularización de la mayoría; y al convenio que lleva más de 30 años sobre la mesa, que consagra Carnaval y Turismo como libres para aquellos funcionarios que tienen régimen de libre fijo, donde “la empresa no solamente incumplió, sino que sancionó en forma ilegal a los trabajadores provocando otro conflicto”; este año APMU se encuentra monitoreando dichos libres tras nuevo convenio realizado.


Ante esta coyuntura se plantean que “hay un cambio brutal de la política de la empresa para con los trabajadores y hay una responsabilidad de quien conduce Médica Uruguaya en llevar a una de las mayores mutualistas del país, a un conflicto casi permanente, con sus trabajadores”.


Un conflicto que daña a todos

Rosalba expresó que la institución atiende el 8% de la población, con unos 315,000 afiliados y cerca de 5.500 funcionarios no médicos, que con los médicos suman alrededor de 7500, entendiendo entonces que “el permanente conflicto daña a todos, a los trabajadores en primer lugar pero también a la empresa y al socio” y agregó que “no hay razones para estar de esta manera en pie de guerra, casi que constantemente”.


Si bien Hunter acepta que las diferencias siempre existieron, cuestiona el hecho de que antes se resolvían a través del diálogo entre la empresa y el sindicato y que en estas últimas instancias las decisiones se “impusieron” y “después pretenden negociar sobre hechos consumados”. Continuó expresando que “nunca tuvimos tantos problemas como ahora, antes había una empresa dispuesta a negociar y hoy hay una empresa dispuesta a imponer”.

En cuanto a las tripartitas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explicó que se deben a que “los diálogos y las negociaciones que hemos tenido han sido infructíferas” pero también nos informó que les preocupa el papel que toman desde el ente entendiendo que “el Ministerio tiene que mediar, pero mediar no significa ser imparcial” sobre todo cuando “la empresa está incumpliendo acuerdos que el propio Ministerio suscribió” y se cuestionan “para qué suscribe el Ministerio un acuerdo que después no puede hacer cumplir”, ejemplificando que en varias ocasiones “cuando tenemos un convenio tripartito, una de las partes no cumple, la otra se declaran en conflicto y la tercera mira para el costado”.


“El Ministerio cuando firma no es garante, o sea, esa parte de su responsabilidad es la que entendemos que está haciendo omisa” concluyó tajante.


A su vez nos informó que actualmente se encuentran analizando un informe que solicitaron al Ministerio de Salud Pública, respecto a aumentos notorios en los precios de las órdenes y tickets que desde Médica Uruguaya solicitaron y fueron aceptados, entendiendo que “no hay motivos económicos” y que “afectó a los afiliados” que son de “clase media y media-baja”, que además “son quienes nos paga el sueldo. Nosotros somos empleados de nuestros usuarios, que son la esencia del sistema de salud, así que nos preocupamos y por eso le pedimos información al Ministerio”.


Finalizando le consultamos por cómo ve la situación actual en las mutualistas y respondió que “el Sistema Nacional Integrado de Salud está mostrando sus fallas, cumplió la parte de la financiación pero adolece terribles problemas en la gestión”, atribuyendo que se debe “primero a que no se no se volcó a la prevención, sigue teniendo un modelo asistencial y por lo tanto mucho más caro y después entendemos que los controles fallan miserablemente, donde el estatus de policía que tiene que tener de alguna manera el Ministerio y el control que debería tener la Junta Nacional de Salud, no es necesario decirlo porque vemos los hechos, pero está fallando”.


En la salud estamos pasando por un momento bastante abrumado, nos sentimos de alguna manera desamparados y no lo merecemos, cuando somos siempre los primeros en la línea de batalla”, cerró.


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