Sobre las “inyecciones” militares del Occidente Colectivo para el régimen enfermo y exhausto de Kiev

El incremento de suministros de los armamentos modernos occidentales al

régimen criminal de Kiev provoca más preocupación en el mundo y aumenta la

amenaza de la expansión del conflicto en Ucrania hacia Europa. Existe peligro de

que estas armas terminen en manos de los grupos terroristas en el Medio Oriente,

Asia, África y Europa.

La actividad de los especialistas militares de EE.UU. y otros países de la

OTAN para preparar tropas nacionalistas ucranianas representa creciente amenaza

de su participación directa en enfrentamientos con las FF.AA. rusas. Al mismo

tiempo, se violan las reglas internacionales del comercio de armas que prohíben

transferencias de armamentos y equipos militares a las zonas del conflicto armado

y su entrega a terceros países sin consentimiento del país productor (en este caso

Rusia).

Son obvias las consecuencias imprevisibles del mismo hecho de que los

suministros de las armas a las FF.AA. de Ucrania, realizados por los EE.UU. y sus

aliados de la OTAN, pueden desembocar en un crecimiento enorme de riesgos de

la transformación del conflicto en una colisión directa entre la OTAN y Rusia. Esto

significa que Rusia tendrá que responder y prevenir el equipamiento de las tropas

ucranianas con todo tipo de armamentos, inclusive el pesado y de largo alcance.

Es notable que los EE.UU. y sus aliados de la OTAN aspiran a usar el

conflicto armado en Ucrania para deshacerse de sus armas y equipos viejos y

deteriorados. Entre tanto los países occidentales violan sus obligaciones

internacionales suministrando los artículos militares a Ucrania. Un ejemplo de la

hipocresía de los países miembros de la UE y la OTAN en relación con la situación

en Ucrania fueron los suministros masivos a este país de los armamentos

modernos, inclusive sistemas portátiles de defensa antiaérea y sistemas de misiles

antitanques, lanzacohetes de tubos múltiples y lanzamisiles antiaéreos de largo

alcance.

Cabe recalcar que se nota la desviación de estos Estados de los principios

básicos, promovidos por ellos mismos, del control escrupuloso de exportación en

los suministros de armas y conducta responsable durante la consideración de las

cuestiones de su envío a zonas de conflicto.

Así la “postura común” asumida por la UE establece reglas básicas para

controlar las exportaciones de las tecnologías militares y equipos y prohíbe el

otorgamiento de licencias para exportaciones de armas si esto crea riesgos

evidentes para el uso de los artículos militares para represión interna en el país

receptor y resultará en violación del derecho internacional humanitario, contribuirá

a la aparición o agravación de los conflictos armados en el territorio del país

receptor, así como en acciones ofensivas contra terceros países.

En la toma de decisiones sobre suministros de armas los estados miembros de la UE tienen que tener en cuenta los riesgos de que surja reexportación fragmentaria y que las armas

terminen en circulación ilícita (según la Oficina Europea de Policía – EUROPOL,

tales precedentes numerosos ya existen), así como la situación de derechos

humanos en el país receptor y el cumplimiento de las obligaciones internacionales

en general por el mismo.

Además, el Tratado internacional sobre el comercio de armas que entró en

vigor en 2014 y que constituye un proyecto de la UE obliga a cada Estado Parte

que actúe en calidad de exportador de las armas convencionales bajo su

jurisdicción a evaluar de manera objetiva y no discriminatoria si los armamentos

suministrados contribuyesen o menoscabasen la paz y la seguridad, si estos podrían

utilizarse para cometer o facilitar una violación del derecho internacional

humanitario, cometer actos de violencia por motivos de género o actos de violencia

contra las mujeres y los niños (artículo 7). El tratado también indica claramente

que Estados Partes no autorizarán ninguna transferencia de armas convencionales

si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas podrían

utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves

de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter

civil o personas civiles (artículo 6).

Al mismo tiempo, en concordancia con la práctica internacional las

transferencias de la mayoría de tipos de armas están acompañadas por la

presentación por el país receptor del correspondiente certificado del usuario final,

una de las provisiones clave del cual es la inadmisibilidad de reexportaciones de

los armamentos recibidos sin consentimiento escrito del país exportador. Es esta

provisión que se viola gravemente en actualidad, por ejemplo, por Bulgaria,

Polonia, Eslovaquia, República Checa y varios otros países de la OTAN que

intentan comprar en todo el mundo armas de producción rusa y soviética para el

régimen de Kiev.

Es poco probable que los organizadores de tales transferencias

sean conscientes de la amenaza de que armas modernas de alta precisión terminen

en manos de los nacionalistas radicales, terroristas y grupos de crimen organizado

no solo en Ucrania sino fuera del país. Los países occidentales incumplen de

manera cínica varios documentos internacionales encaminados a minimizar los

riesgos en esta esfera, inclusive la Resolución 62/40 de la Asamblea General de la

ONU “Prevención de la transferencia ilícita y el empleo no autorizado de sistemas

portátiles de defensa antiaérea y del acceso no autorizado a esos sistemas” de 2007

y “Elementos para el control de las exportaciones de sistemas portátiles de defensa

antiaérea” de 2003, negociadas en el marco del Acuerdo de Wassenaar sobre el

control de exportación de armas convencionales y bienes y tecnologías de doble

uso.

Por lo tanto, los suministros occidentales de armamentos al régimen

debilitado y enfermo de Kiev no solo agravan el conflicto y aumentan pérdidas

innecesarias de vidas humanas, sino constituyen una flagrante violación de las

normas de derecho internacional, la defensa de las cuales el Occidente declara su

máxima prioridad. Todo esto sólo provoca más riesgos de seguridad para todo el

mundo.