Tribunal de Cuentas no hizo observaciones entre ANP y Katoen Natie

El organismo se basó en un segundo informe jurídico que avaló negocio. El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) resolvió este miércoles no formular observaciones al acuerdo entre la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el consorcio belga TCP/Katoen Natie.


El organismo de contralor se basó en un segundo informe jurídico que aconsejaba no observar el acuerdo por el cual TCP/Katoen Natie se abstuvo de iniciar un arbitraje millonario contra el Estado uruguayo e invertía en el Puerto de Montevideo una suma que oscila en US$ 500 millones. La empresa belga también se comprometió a implementar rebajas en tarifas de hasta 30%. La decisión del Tribunal de Cuentas se aprobó ayer por cuatro votos a favor y tres en contra.

Es decir, el Tribunal dio el visto bueno al negocio firmado entre el gobierno uruguayo y el TCP/Katoen Natie en base al informe favorable del director y subdirector de Jurídica y del director del departamento a estudio del expediente, dijo una fuente del organismo.


Este segundo informe técnico, fechado el lunes 7 y firmado por la abogada Irene Bucero, expresa que eleva su propio proyecto de resolución por “no compartir lo informado y proyectado por los informantes actuantes”, autores del primer informe que recomendaba al Tribunal sí observar el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el TCP/Katoen Natie.


La propuesta de Bucero dice que Montecon no podría ser considerada como eventual tercero afectado por el negocio entre el gobierno y TCP/Katoen Natie porque presta servicios de almacenaje y opera contenedores mediante una autorización precaria.

Bucero, en el nuevo proyecto de resolución, recuerda que el decreto 183/994 define que “la operación de contenedores debe hacerse en una instalación especializada” y agrega que “la única terminal especializada es la de Terminal Cuenca del Plata S.A., por lo que las operaciones de contenedores deben efectuarse en la misma y únicamente en forma excepcional puede operarse con contenedores fuera de ella”.


De esta forma, la asesora jurídica del Tribunal de Cuentas está en línea con el nuevo reglamento de atraque de buques que da prioridad a TCP/Katoen Natie en el manejo de los contenedores, en detrimento de los muelles públicos donde opera Montecon. El proyecto de resolución, redactado por Bucero, dice: “No existen objeciones sustanciales desde el punto de vista legal a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo”. Y agrega que la prórroga de la concesión a TCP/Katoen Natie por 50 años “resulta ajustada a derecho”. En base a este informe, el Tribunal no objetó el negocio.


El primer proyecto de resolución del Tribunal, firmado por los abogados Lourdes Pérez Noya y Juan Pablo Hernández Salgado y fechado a fines de febrero pasado, es totalmente contrario al elaborado por Bucero. Ese proyecto de resolución expresa que los cambios normativos llevados adelante por el Poder Ejecutivo no son meros “ajustes o actualizaciones de un régimen vigente”. Y advierte que la ampliación de la concesión por parte del Poder Ejecutivo tiene “como consecuencia práctica restringir el acceso y ejercicio a las actividades relativas a los contenedores descartando la libre competencia”. El primer documento agrega que el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie limita la potestad del Ejecutivo de otorgar concesiones, lo que viola la Constitución.


Un decreto que avala el acuerdo


A fines de febrero de este año, la ANP hizo un relevamiento de todos los reglamentos de atraques de buques desde que se aprobó la Ley de Puertos en 1992. En ese trabajo de búsqueda, fue encontrado un reglamento de atraques de barcos, cuya vigencia finalizó en 1999. Dicho decreto decía que la terminal especializada debía tener prioridad sobre muelles públicos en la carga y descarga de los barcos portacontenedores. “Ese reglamento establecía los criterios de los atraques de los barcos en el puerto montevideano. Son los mismos que usó el gobierno para firmar el acuerdo con TCP/Katoen Natie”, explicó una fuente de la ANP. Antes de 1992, el Puerto era operado por el Estado. Es decir, estaba en manos de la ANP. La Ley de Puertos de 1992, abrió la posibilidad de que privados comenzaran a realizar todos los servicios de carga y descarga. Y asimismo, por primera vez, dicha ley abrió la especialización de áreas portuarias como lo fue el Muelle Escala para contenedores. El reglamento de atraques de 1993 otorgó la prioridad de arribos de barcos portacontenedores al área especializada que hoy integra la concesión de TCP. En 1994 se dictó el decreto de operaciones portuarias, cuyo artículo 72 también le da prioridad al área especializada de carga y descarga de contenedores. Es decir, el reglamento de 1993 y el decreto de 1994 otorgan primacía al área especializada para los atraques de barcos.

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